Cada cierto tiempo las personas empobrecidas recibimos un ataque por parte del Gobierno de Asturies y de su Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Ataques que vienen a tapar el desastre de la propia Consejería en la gestión de esta renta mínima, en vez de realizar autocrítica y renunciar o dimitir de sus cargos por no haber conseguido hacer funcionar este derecho en ningún momento. Se dedican, en el mejor de los casos, a endurecer las posibilidades de acceso y las más de las ocasiones a criminalizarnos, acusándonos de fraude. Nunca se dice que hay cerca de 1.000 expedientes pendientes de actualización que condenan a las familias a vivir con importes entre 100 y 200 euros y a personas solas a vivir con importes de menos de 100 euros, mientras se revisa la situación. Situaciones y variaciones que se han comunicado en tiempo y forma. Un ejemplo recurrente es el de las personas mayores de 45 años que, en los periodos entre un programa de Renta Activa de Inserción
