CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS EMPOBRECIDAS.

Con motivo de la Campaña del Partido Popular y la Federación de Empresarios contra el Salario Social.

Hace una semana se iniciaba una campaña contra el Salario Social con las declaraciones del Diputado autonómico del Partido Popular Rodríguez Feito, en las que se acusaba a los perceptores del Salario Social de no querer trabajar porque reciben el dinero en casa.
Después desde la Federación de Empresarios han aprovechado la oportunidad para continuar la campaña hablando de fraude en las Ayudas sociales y diciendo que así es normal que no quiera trabajar nadie, cuando el empleo es lo único que para ellos dignifica a las personas. Muy elocuentes han sido las declaraciones del Presidente de la FADE, acusándonos a las personas empobrecidas de gente de poca moral por no ganarnos el sustento gracias al empleo.

Desde la Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE queremos denunciar esta campaña contra las personas empobrecidas y denunciar la falsa moral de estos personajes que se permiten levantar sospechas sobre cualquier persona que cobre una ayuda social, negándonos el Derecho a Vivir Dignamente.

Estos señores se olvidan de que el SALARIO SOCIAL no es beneficencia, aunque les gustaría, sino un DERECHO reconocido por LEY.

Se olvidan de que hay más de 200.000 personas por debajo del umbral de la pobreza.

Se olvidan también de que en Asturies hay más de 90.000 personas desempleadas y que eso que para ellos da la dignidad, que es el empleo, no existe y cuando existe es precario y, lo más importante, se olvidan de que son ellos los que pagan salarios de miseria y están generando que ni las personas con empleo estén por encima del umbral de la pobreza.

Ocultan abiertamente que las cuantías del salario social son mínimas (de 442€ para una persona sola, hasta 730 para unidades de convivencia de 6 o más personas, que pruebe a dividir 730 entre seis o más personas) y están congeladas desde el año 2010. Cuantías que solo permiten malvivir en el laberinto de precariedad y exclusión social.

El señor diputado se olvida de que el salario social tiene verdaderos problemas de gestión que hace que más de 6.000 solicitudes de revisión estén en el cajón, mientras él cobra, todavía no sabemos por hacer qué, todos los meses puntualmente.

Además, queremos adelantar que varios colectivos sociales estamos preparando acciones para denunciar esta campaña de criminalización  y acoso contras las personas empobrecidas y los perceptores del salario social. 

Contra la criminalización de las personas empobrecidas.
VIVIR DIGNAMENTE ES UN DERECHO.