LAS TRAMPAS DEL SALARIO SOCIAL. ANTE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA.
Cada cierto tiempo las personas empobrecidas
recibimos un ataque por parte del Gobierno de Asturies y de su Consejería de
Servicios y Derechos Sociales.
Ataques que vienen a tapar el desastre de
la propia Consejería en la gestión de esta renta mínima, en vez de realizar
autocrítica y renunciar o dimitir de sus cargos por no haber conseguido hacer
funcionar este derecho en ningún momento.
Se dedican, en el mejor de los casos, a
endurecer las posibilidades de acceso y las más de las ocasiones a
criminalizarnos, acusándonos de fraude. Nunca se dice que hay cerca de 1.000
expedientes pendientes de actualización que condenan a las familias a vivir con
importes entre 100 y 200 euros y a personas solas a vivir con importes de menos
de 100 euros, mientras se revisa la situación. Situaciones y variaciones que se
han comunicado en tiempo y forma.
Un ejemplo recurrente es el de las
personas mayores de 45 años que, en los periodos entre un programa de Renta
Activa de Inserción y otro, se encuentran 11 meses sin ingresos. Muchas de esas
situaciones que ellos llaman "fraude" son problemas burocráticos que
nos condenarán más adelante al laberinto de la exclusión, endeudándonos,
generando reclamaciones de importes recibidos o impidiéndonos acceder a otros
programas de la administración pública.
Otra de las cuestiones que no nos cuentan,
es que el Salario Social aunque tiene 22.585 perceptores y 49.000
beneficiarios aproximadamente no es una herramienta útil para las 170.000
personas que viven bajo el umbral de la pobreza, ni siquiera cubre a las 57.000
personas con ingresos por debajo de 365 euros. Es la realidad, el Salario
Social no llega para todas las personas de Asturies que viven en situación de
pobreza extrema.
El último ataque busca enfrentarnos a las
personas que tenemos menos recursos y cobramos el salario social unas frente a
otras, atendiendo denuncias de esos supuestos fraudes y mandando a la policía
local para que controle e investigue nuestra situación, porque las personas
empobrecidas en nuestras sociedades somos personas sospechosas.
El Gobierno de Asturies no cree en el
derecho de las personas a vivir dignamente y por eso no apuesta por convertir
el Salario Social en una verdadera herramienta de lucha contra la pobreza y la
exclusión. El Gobierno de Asturies no cree que las personas empobrecidas
tengamos derechos y por eso nos convierte en sospechosas y nos criminaliza.
Desde la
Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE:
"Estamos
cansadas de trampas".
No a la
criminalización de la pobreza.
VIVIR
DIGNAMENTE ES UN DERECHO.
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