NO SOMOS NÚMEROS NI EXPEDIENTES, SOMOS PERSONAS. Contestación a la respuesta de la Consejería.

El texto que presentamos a continuación surge con motivo de la contestación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a las quejas presentadas por el caos en la gestión del salario social. En color azul transcribimos el mail recibido y en negro y cursiva nuestra contestación.

Agradecemos su contestación y lo entendemos como una oportunidad de abrir un diálogo para  implicar e incorporar a las personas en situaciones de empobrecimiento y precariedad en la mejora de las políticas sociales. Y para que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se acerque de manera directa a la realidad social y económica de muchas de las personas perceptoras de las ayudas sociales o que no pueden acceder a las mismas. 

 

Estimado  (…), en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar hemos recibido su consulta y tras analizar la situación y entendiendo la preocupación que nos expone, en el ámbito que nos compete le comunicamos que el Principado de Asturias cuenta con un instrumento de excepción contra la exclusión social, como es el salario social básico, que en la actualidad y tras 15 años desde su entrada en vigor, reciben más de 22.000 hogares (4% de la población), lo que sitúa a nuestra región como una de las de mayor cobertura de todo el país, sólo por detrás del País Vasco y de Navarra. Esta realidad es sostenible gracias al enorme esfuerzo, la solidaridad  y la gran cohesión social existente en nuestra sociedad.

En Asturies hay más de 250.000 personas en riesgo de exclusión social, según los datos del año 2019, antes de que nos golpease la crisis sanitaria, social y económica  del COVID-19. Aunque tener el salario social es “algo”, no creemos que cubra las verdaderas necesidades de nuestra comunidad. En el país de la exclusión y el empobrecimiento, el tuerto no es el rey, sólo es el tuerto.

 

La gestión de este derecho subjetivo no está exenta de dificultades, ciertamente, aunque dista mucho de lo que se entiende por “caos” (“confusión o desorden”). Lejos de ello, el salario social básico cuenta con una normativa clara, una buena organización y una financiación garantizada, lo que no obsta para que existan aspectos mejorables, como la agilización y simplificación de la gestión.

Especificar que cuando hablamos de caos, quizá en la Consejería no se viva así, pero esta gestión está generando caos y angustia en la vida de muchas personas, que por cierto, son las que sufren situaciones de mayor precariedad, vulnerabilidad… y, por tanto, lo que se está consiguiendo es cronificar sus situaciones, en vez de lograr los objetivos que se quieren lograr con una medida como la Ley del Salario Social. 

Compartimos, sin duda, la necesidad de que se mejore la gestión del salario social y se mejore una normativa muy poco clara para las personas, una organización que se demuestra  ineficiente y una financiación que año tras año acaba en el mes de Octubre y retrasa la tramitación de los expedientes, a pesar de contar con la herramienta del crédito ampliable que facilita la garantía de la financiación.

 

Por ello, le informamos que los tres objetivos marcados para la presente Legislatura por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en relación a la mejora de la gestión del salario social básico son: 

1.            Adaptación de la normativa del Salario Social Básico, mediante la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y su desarrollo reglamentario, que contribuya a una gestión más eficiente de las prestaciones destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad, mediante procesos ágiles y sencillos y una mejor coordinación entre las prestaciones. 

2.            Mejora de los medios personales y materiales destinados a la gestión del Salario Social Básico, con la que garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. 

3.            Mejora de la coordinación con otros sistemas (SEPE, Entidades Locales y SEPEPA), principalmente, para garantizar el carácter subsidiario del salario social básico frente a otras prestaciones y promover la incorporación laboral de las personas beneficiarias.

En este punto, y valorando que se marquen objetivos, estaría bien que se marcaran plazos dentro de la propia legislatura. El primer objetivo que hace referencia a la Ley de Garantía de derechos y Prestaciones vitales y su desarrollo, lleva abierto ya mucho tiempo y, de momento, no hay nada efectivo, por lo que lo único que se consigue generar es ruido y confusión en las personas perceptoras de prestaciones.  

El segundo objetivo, debería ser prioritario desde hace años. Y seguimos sin que el Salario Social se gestione en tiempo y forma, lo que ayudaría mucho a las difíciles situaciones a las que se aboca a las personas con retrasos tan elevados en las actualizaciones y tramitaciones.  

Y está muy bien el planteamiento de coordinación, pero echamos en falta la participación de las personas sujetas de derecho en los procesos de adaptación normativa, lo que va a lastrar de nuevo la implantación y utilidad de las mismas. Si se consultase a las propias personas, se incorporarían cambios y medidas mucho más útiles para conseguir el objetivo del Salario Social Básico.

 

Desde el inicio de la Legislatura, se han ido adoptando las medidas necesarias para el logro de estos tres objetivos, concretamente: 

Adaptación de la normativa del Salario Social Básico, mediante la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y su desarrollo reglamentario: 

-       El Proyecto de Ley está actualmente en tramitación en la Junta General y su aprobación está prevista para el presente ejercicio. 

-       Está en tramitación la modificación del Decreto 29/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Salario Social Básico, que avanza cuestiones abordadas en la propia Ley, como el uso de la declaración responsable, la modificación de la tramitación de la revisión de expedientes, el establecimiento de incentivos al empleo, entre otras. 

Mejora de los medios personales y materiales destinados a la gestión del Salario Social Básico: 

-       Programa de Refuerzo Temporal del 30 empleados públicos para la gestión del Salario Social Básico desde junio de 2020 hasta diciembre de 2021, prorrogable hasta junio de 2023.

Una prestación que necesita el refuerzo de 30 empleados públicos demuestra que no es una herramienta centrada en las personas y en garantizar sus derechos, sino  un entramado burocrático ineficiente e insostenible.  

Esta gestión está más centrada en el control de las personas y en la generación de expedientes con mil papeles, cuando en estos momentos y apelando a la coordinación entre administraciones y recursos, sería tan sencillo como consultar datos (algo que por otro lado, es fácil pues siempre se pide el consentimiento a las personas para que se hagan esas consultas. Por tanto, se está duplicando la información y mareando a las personas).

 

-       Adaptación plena al expediente electrónico y dotación de medios informáticos. 

Primero fue la falta de una  herramienta informática, ahora la adaptación plena al expediente electrónico y la dotación de medios informáticos. De nuevo cuestiones y recursos económicos destinados a la gestión. Gestión que no se resuelve nunca.

 

Mejora de la coordinación con otros sistemas (SEPE, Entidades Locales y SEPEPA): 

•         Suscripción y publicación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el SEPEPA para el fomento de la incorporación laboral de las personas beneficiarias del salario social básico con fecha 12 de marzo de 2020. 

•         Elaboración del convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la empresa pública TRAGSA para el fomento de la incorporación laboral de las personas beneficiarias del salario social básico (pendiente de tramitación para su aprobación por el Consejo de Gobierno). 

•         Elaboración del convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y CAC-Asprocón y Fundación Laboral de la Construcción para el fomento de la incorporación laboral de las personas beneficiarias del salario social básico (en fase de redacción). 

•         Elaboración del convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y empresas del servicio de ayuda a domicilio para el fomento de la incorporación laboral de las personas beneficiarias del salario social básico (en fase de redacción).

Todas estas medidas en fase de redacción apuestan por el acceso al mercado laboral como herramienta de incorporación social sin analizar que el acceso al empleo asalariado ya no garantiza salir de la precariedad y la exclusión (trabajadores pobres) pero, además, sin ser consciente del contexto de la sociedad asturiana.

 

En este apartado se ha de incluir asimismo, las labores inherentes a la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, que han supuesto un incremento del volumen de gestión, al asumir las labores de comprobación de más de 7.000 expedientes de personas beneficiarias que autorizaron en su día al Principado de Asturias a que realizase las gestiones necesarias para solicitar el IMV por ellas (evitándoles con ello cargas burocráticas).

En este apartado no podemos por menos que sonrojarnos al ver como los derechos de las personas están en disputa para ver qué Administración pública se ahorra partidas presupuestarias. Se olvidan una vez más que detrás de cada número de expediente, hay rostros y personas que tienen que salir adelante cada día. 

 

La adopción de estas medidas han permitido hasta la fecha y pese a las limitaciones del estado de alarma: 

- La reducción del plazo medio de tramitación de nuevas solicitudes de 6 a 3 meses (se cumple el plazo legalmente previsto).

Nos congratulamos que, después de más de quince años, por primera vez se cumplan los plazos en las nuevas solicitudes de salario.

 

- La reducción del número de solicitudes pendientes de tramitación un 40%: de 1.478 a 886.

Está claro que hay que valorar la reducción del número de solicitudes en tramitación, pero no podemos felicitarnos por este dato, todavía son 886 familias que no pueden acceder a sus derechos. Una vez más recordar que, detrás de cada número, hay personas.

 

- La reducción del número de revisiones pendientes un 34%: de 6.362 a 4.146 (el 80% de las cuales representan una variación del importe mensual menor a 20 euros).

Nos sigue pareciendo escandaloso que más de 4000 solicitudes estén pendientes de revisión y que más de 800 (830) sean con cuantías que dificultan o condenan a la exclusión a las unidades económicas de convivencia.

 

Una vez explicados los objetivos y las medidas llevadas a cabo para su consecución, procede detenerse en el resto de cuestiones planteadas: 

En cuanto a la condonación de las deudas por cobros indebidos a los perceptores de salario social básico: no se dan los elementos necesarios que justifiquen esta medida, puesto que no existe un funcionamiento anormal de la Administración que lo motive. Aquellas personas que perciben el SSB en la actualidad, a las que se les reconozca el IMV con carácter retroactivo, deberán reintegrar lo cobrado en exceso, ya que de lo contrario, tendrían unos ingresos superiores a los garantizados en Asturias por el SSB para el resto de la población. 

No podemos creer que este sea el funcionamiento normal de una Administración. Que las personas perceptoras notifiquen en tiempo y forma cambios en su situación personal y que la Administración tarde más de 12 meses, en casos hasta 36 meses, en regularizar la situación (tanto porque les siguen ingresando importes, como que no les actualizan las cuantías), no creemos que sea un funcionamiento normal de una Administración pública. Si es así, nos da la razón en que el laberinto burocrático nos condena a la exclusión social. Y, además, hay una falta de información a las personas, que notifican en tiempo y forma, pero no se les dice que se les reclamarán cuantías ni cómo proceder en estas situaciones.

Además, se reclaman unas cuantías exageradas, olvidándonos que estas personas y familias siguen en situación de vulnerabilidad (con el salario social nadie se ha hecho rico) y no se les explica ni se les facilita un contacto o un medio para poder negociar y llegar a acuerdos de cómo afrontar esos pagos.

Si la Administración genera un problema a las personas sin recursos es la Administración la que debe solucionarlo o cargar con el coste.

 

Por lo que se refiere a la renta básica, no es el modelo vigente en Asturias y el que decidió la Junta General cuando aprobó la Ley 4/2005. Tampoco es el que defiende el presente Gobierno, que es partidario de acompañar el salario social básico de medidas de incorporación social y laboral, que eviten caer en la denominada “trampa de la pobreza”.

Uno de los avances de la ley del Salario Social fue reconocer el doble derecho, a unos ingresos económicos y a la incorporación social. Y la apuesta por una herramienta como la Renta Básica ayudaría a garantizar el doble derecho sin caer en la trampa del control y la criminalización de las personas empobrecidas, cuando unes los derechos económicos a contraprestaciones laborales o formativas.

La sociedad y el mercado laboral que tenemos en estos momentos nada se parece al del 2005, por eso la herramienta del salario social siempre ha estado desbordada como herramienta para garantizar el doble derecho y es un buen momento para apostar por otro tipo de políticas que sí avancen en la consecución de derechos sociales.

Ya hay un estudio realizado para implantar la Renta Básica de las iguales en Asturias “Valtar imposibles, construyir utopies”.

Respecto al uso del lenguaje más accesible, mostrar un completo acuerdo al respecto, siendo ésta una cuestión que se abordará en los próximos meses.

Nos gustaría conocer en qué está trabajando o qué plan tiene la Consejería para avanzar en esta cuestión.

Esperamos haber podido resolver sus dudas y le trasmitimos nuestro más sincero agradecimiento por contactar con nosotros. 

Gracias de nuevo por abrir este diálogo, que esperamos sea sincero y podamos repetir de manera presencial y no sólo literaria. Por eso le emplazamos a tener un encuentro el viernes 11 de Junio entre la Consejería y las personas afectadas por las situaciones de empobrecimiento y precariedad para avanzar en el conocimiento de la realidad y la mejora de las políticas sociales.

Atentamente, 
Vanesa González.
Jefa de Gabinete Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Atentamente,  
Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE.
NO SOMOS NÚMEROS NI EXPEDIENTES, SOMOS PERSONAS.