NO A LA PERSECUCIÓN DE LAS PERSONAS PERCEPTORAS DEL SALARIO SOCIAL. No a la criminalización y el control social de las personas empobrecidas.

Desde la Asociación contra la exclusión ALAMBIQUE exigimos que se detenga la persecución de las personas empobrecidas perceptoras del salario social iniciada por la Consejera Melania Álvarez en la última semana.

Lo que comenzó con lo que parecían unas declaraciones desacertadas sobre las personas que cobraban el salario social y sus responsabilidades hacia el derecho, ha dado paso al anuncio de una campaña de control de las más de 14.000 personas perceptoras del derecho que van a tener que acudir a la llamada de la Consejería o de los servicios sociales de zona para analizar el plan de inserción de cada beneficiario. La consejera carga así a la Administración de un nuevo trámite burocrático, no olvidemos que ya hay un seguimiento de las personas perceptoras que se hace habitualmente cada seis meses en la mayoría de los casos. Además de obligar a las trabajadoras sociales a ejercer un trabajo de control social que está muy lejos de sus funciones de acompañamiento y promoción.

La consejera apuesta, revestida en una falsa defensa de lo público, por iniciar una campaña en contra de las personas sin recursos en vez de iniciar una campaña contra la pobreza. Sin haber conseguido antes poner a funcionar correctamente el salario social.

Desde ALAMBIQUE creemos que el único anuncio que en estos momentos debería realizar la consejera es que va a poner a trabajar a toda la consejería en la gestión del salario social y va a actualizar todas las prestaciones que están sin hacerlo desde Septiembre de 2018 y que va a condonar las deudas del salario social en aquellos casos en los que las personas han cumplido con sus obligaciones de notificar cambios en su situación y ha sido la Administración la que ha generado la situación de deuda, eso sí creemos que devalúa lo público.

Además, pedimos a la consejera que retire el señalamiento que ha iniciado a las personas perceptoras del salario social y comience a señalar las causas que provocan la pobreza y la exclusión en nuestra comunidad autónoma y abra el debate de cómo garantizar una vida digna para todas las personas. Si lo hace entenderemos que las declaraciones de las últimas semanas han sido una anécdota, quizá por estar mal asesorada, y no que forma parte de su ideario político y de la Consejería de derechos sociales y bienestar.

Contra la criminalización y el control social de las personas empobrecidas.

VIVIR DIGNAMENTE ES UN DERECHO.