¿Hay derechos de segunda división? SALARIO SOCIAL BÁSICO, el derecho a unos ingresos mínimos.

Hace seis años que se aprobó la Ley del Salario Social Básico, ley que intenta garantizar el doble derecho a unos ingresos mínimos en situaciones de falta de recursos económicos y el derecho a la incorporación social.

Hoy, después de seis años, podemos afirmar que el derecho a unos ingresos mínimos, en situaciones de carencia de recursos económicos, es irrealizable.

Podemos afirmarlo, pero es importante que conozcamos las causas de la situación en las que se encuentra la ejecución de la ley para poder hacer efectivo un derecho hoy irrenunciable para las más de 134.000 personas por debajo del umbral de la pobreza que viven en Asturies.

A día de hoy nos encontramos con un atasco de 3.600 personas esperando la resolución de la Consejería de Bienestar Social a su solicitud de acceso al Salario Social. Estas personas tienen que esperar entre un año y quince meses para que se vea reconocido su derecho a unos ingresos económicos. Estas personas solicitan el Salario Social, no cuando tienen un “problemilla” económico, sino cuando carecen de recursos económicos, han agotado todas las otras prestaciones contributivas y asistenciales y no llegan a los topes que marca la ley; topes muy por debajo del umbral de la pobreza, lo que llaman los técnicos de la pobreza “la pobreza severa”. La solicitud llega cuando ya no tienes otra posibilidad. Pues esas 3.600 personas, sin otra posibilidad, tienen que esperar entre un año y quince meses.

Otras de las causas de que en Asturias tengamos un derecho irrealizable es la falta de presupuesto económico para hacer efectivo el derecho.

Cada año se marca una cantidad económica en los presupuestos de nuestra comunidad autónoma para hacer frente a este derecho, el último año fueron 32 millones de euros. Esta cantidad siempre es la gastada el año anterior en la ley; esto quiere decir que cada año la ley nace carente de recursos. Ya que cada año las solicitudes y personas que acceden al derecho van en aumento. Esta falta de presupuesto desvela la falta de interés político hacia las situaciones de pobreza y exclusión y la falta de voluntad para garantizar una vida digna para todas las personas. Al final todo queda en manos del precario y cada día más excluyente mercado del empleo.

Esta decisión de no dotar de suficiente presupuesto, además tiene otra consecuencia sobre la ley y el acceso a la misma, es el limitar su acceso y el ritmo de tramitación. Así, se entra en el juego de intentar acomodar las solicitudes al presupuesto que hay cada año. Cada año desde que la ley entró en vigor, cuando se llega al mes de octubre se ralentiza aún más el nivel de acceso al Salario social y al cobro del mismo, llegándose a paralizar hasta que se llega al siguiente año.

Si continuamos analizando cuáles son las causas de la situación del Salario Social Básico, nos encontramos con una ley cuyos accesos están llenos de burocracia y de elementos de control social que en nada ayudan a acceder al derecho. La solicitud tiene que ir acompañada de quince requisitos de todo tipo. No sólo tienes que ser pobre, además tienes que demostrarlo. Un ejemplo, si vives en una habitación de alquiler, no vale con presentar el contrato de alquiler entre las partes o una declaración expresa, tienes que entregar la escritura del piso. Lo más sencillo es que la dueña o el dueño del piso no entiendan muy bien por qué tienen que dar una copia de la escritura de su piso. Este es un ejemplo de que los requisitos no están hechos para gestionar de manera efectiva el derecho sino para controlar y limitar el acceso al mismo.

Otra de las causas que afecta a la posibilidad de ejercer nuestro derecho a unos ingresos mínimos es la falta de personal en la Administración que se dedique a la misma. Si montas unos cauces de acceso llenos de burocracia necesitas personal que pueda comprobarlos y darles tramitación. En el caso de la administración del Salario Social Básico falta personal, faltan recursos; al final eso se concreta en retrasos en la tramitación de la ley. No está de más recordar que nunca han bajado de seis meses, ni en los mejores momentos, cuando la ley habla de tres meses como máximo.

Para terminar, no queremos dejar de comparar el Salario Social Básico con otros derechos que tenemos reconocidos y desarrollados por ley como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad o el derecho al seguro de desempleo. Es imposible imaginarnos que quisiéramos acceder a cualquiera de estos derechos y nos dijesen que tenemos que esperar entre quince y doce meses, que nos llenasen de trabas burocráticas para poder acceder a los mismos y que cada año desde el mes de octubre ya no pudiésemos hacer uso de ellos por que no hay presupuesto suficiente. ¿Somos capaces de imaginarlo? Entonces, por qué no defendemos y exigimos el derecho a unos ingresos mínimos y a la incorporación social cuando es un derecho reconocido y desarrollado por ley, de la misma categoría que cualquiera de los citados. ¿Por qué dejamos a más de 3.600 personas esperando sin fecha de resolución? ¿Por qué negamos y dificultamos el último y mínimo recurso económico a las personas que carecen de él?