¿Hay derechos de segunda división? SALARIO SOCIAL BÁSICO, el derecho a unos ingresos mínimos.
Hace seis años que se aprobó la Ley del Salario Social
Básico, ley que intenta garantizar el doble derecho a unos ingresos mínimos en
situaciones de falta de recursos económicos y el derecho a la incorporación
social.
Hoy, después de seis años, podemos afirmar que el derecho a
unos ingresos mínimos, en situaciones de carencia de recursos económicos, es
irrealizable.
Podemos afirmarlo, pero es importante que conozcamos las
causas de la situación en las que se encuentra la ejecución de la ley para
poder hacer efectivo un derecho hoy irrenunciable para las más de 134.000
personas por debajo del umbral de la pobreza que viven en Asturies.
A día de hoy nos encontramos con un atasco de 3.600
personas esperando la resolución de la Consejería de Bienestar Social a su
solicitud de acceso al Salario Social. Estas personas tienen que esperar entre
un año y quince meses para que se vea reconocido su derecho a unos ingresos económicos.
Estas personas solicitan el Salario Social, no cuando tienen un “problemilla”
económico, sino cuando carecen de recursos económicos, han agotado todas las
otras prestaciones contributivas y asistenciales y no llegan a los topes que
marca la ley; topes muy por debajo del umbral de la pobreza, lo que llaman los técnicos de la pobreza “la pobreza severa”. La
solicitud llega cuando ya no tienes otra posibilidad. Pues esas 3.600 personas, sin otra posibilidad, tienen que esperar entre un año y quince meses.
Otras de las causas de que en Asturias tengamos un derecho
irrealizable es la falta de presupuesto económico para hacer efectivo el
derecho.
Cada año se marca una cantidad económica en los
presupuestos de nuestra comunidad autónoma para hacer frente a este derecho, el último año fueron 32 millones de euros. Esta cantidad siempre es la gastada el
año anterior en la ley; esto quiere decir que cada año la ley nace carente de
recursos. Ya que cada año las solicitudes y personas que acceden al derecho van
en aumento. Esta falta de presupuesto desvela la falta de interés político
hacia las situaciones de pobreza y exclusión y la falta de voluntad para garantizar
una vida digna para todas las personas. Al final todo queda en manos del precario
y cada día más excluyente mercado del empleo.
Esta decisión de no dotar de suficiente presupuesto, además
tiene otra consecuencia sobre la ley y el acceso a la misma, es el limitar su
acceso y el ritmo de tramitación. Así, se entra en el juego de intentar
acomodar las solicitudes al presupuesto que hay cada año. Cada año desde que la
ley entró en vigor, cuando se llega al mes de octubre se ralentiza aún más el
nivel de acceso al Salario social y al cobro del mismo, llegándose a paralizar
hasta que se llega al siguiente año.
Si continuamos analizando cuáles son las causas de la
situación del Salario Social Básico, nos encontramos con una ley cuyos accesos
están llenos de burocracia y de elementos de control social que en nada ayudan
a acceder al derecho. La solicitud tiene que ir acompañada de quince requisitos
de todo tipo. No sólo tienes que ser pobre, además tienes que demostrarlo. Un
ejemplo, si vives en una habitación de alquiler, no vale con presentar el
contrato de alquiler entre las partes o una declaración expresa, tienes que
entregar la escritura del piso. Lo más sencillo es que la dueña o el dueño del piso
no entiendan muy bien por qué tienen que dar una copia de la escritura de su
piso. Este es un ejemplo de que los requisitos no están hechos para gestionar
de manera efectiva el derecho sino para controlar y limitar el acceso al
mismo.
Otra de las causas que afecta a la posibilidad de ejercer
nuestro derecho a unos ingresos mínimos es la falta de personal en la Administración
que se dedique a la misma. Si montas unos cauces de acceso llenos de burocracia
necesitas personal que pueda comprobarlos y darles tramitación. En el caso de
la administración del Salario Social Básico falta personal, faltan recursos; al
final eso se concreta en retrasos en la tramitación de la ley. No está de más
recordar que nunca han bajado de seis meses, ni en los mejores momentos, cuando
la ley habla de tres meses como máximo.
Para terminar, no queremos dejar de comparar el Salario
Social Básico con otros derechos que tenemos reconocidos y desarrollados por
ley como el derecho a la educación, el derecho a la sanidad o el derecho al
seguro de desempleo. Es imposible imaginarnos que quisiéramos acceder a
cualquiera de estos derechos y nos dijesen que tenemos que esperar entre quince
y doce meses, que nos llenasen de trabas burocráticas para poder acceder a los mismos
y que cada año desde el mes de octubre ya no pudiésemos hacer uso de ellos por
que no hay presupuesto suficiente. ¿Somos capaces de imaginarlo? Entonces, por
qué no defendemos y exigimos el derecho a unos ingresos mínimos y a la incorporación
social cuando es un derecho reconocido y desarrollado por ley, de la misma
categoría que cualquiera de los citados. ¿Por qué dejamos a más de 3.600 personas
esperando sin fecha de resolución? ¿Por qué negamos y dificultamos el último y
mínimo recurso económico a las personas que carecen de él?
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